14 de Junio de 2012
Entrevista a al Fiscal Antonio Gustavo Gómez
"Hay impunidad en materia de contaminación"
Mayo de 2012
La Rioja:
Charla sobre “Delitos Ambientales
como delitos de lesa humanidad”
Charla sobre “Delitos Ambientales como delitos de lesa humanidad”
Entrevista a al Fiscal Antonio Gustavo Gómez
"Hay impunidad en materia de contaminación"
El fiscal general de Tucumán explica por qué cree que detrás de cada delito ambiental hay un funcionario corrupto y revela datos estremecedores: la tasa de jóvenes muertos de cáncer supera la media mundial en Andalgalá, el pueblo catamarqueño que se alzó contra la contaminación minera
Qué margen tiene un fiscal hoy, en la Argentina, para investigar seriamente al poder? "Ninguno; absolutamente ninguno", fue la inquietante respuesta del fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, cuyo cargo es uno de los más importantes en la justicia federal del Norte.
"La impunidad en nuestro país solo puede ser vencida de dos maneras: con apoyo del propio Estado, como ocurrió con los delitos de lesa humanidad, a partir de que fue incluida en la agenda del kirchnerismo o cuando, detrás del magistrado, hay un apoyo militante de la sociedad que reivindica una causa como objetivo propio", relata a LA NACION este fiscal, que nació en Puerto Deseado hace 52 años, y que se ha ido transformando en una suerte de emblema para los ambientalistas de Andalgalá, aquellos que militan en contra del megaproyecto minero que explota la empresa Bajo La Alumbrera.
Ocurre que Gómez se especializa en derecho penal ambiental y, desde que llegó al Norte -donde, según dice, "hay delito ambiental para hacer dulce"- abrió más de 80 causas, entre ellas una contra un alto ejecutivo de la empresa que explota Bajo La Alumbrera, el megaproyecto minero que, hace menos de un mes, fue blanco de furiosas protestas.
Para pesadilla de muchos, desde que llegó a Tucumán, en 2001, puso en la mira de sus investigaciones a ingenios, citrícolas, papeleras, recolectoras de residuos, frigoríficos. Procesó, además, a autoridades públicas por su complicidad en la contaminación, ya que una de sus máximas jurídicas sostiene que "detrás de cada delito ambiental, no hay desidia, ni distracción sino un funcionario corrupto".
Pero a Gómez no parece bastarle con investigar a quienes dañan al ecosistema. Hace tiempo que viene poniendo el ojo, también, en delitos económicos complejos, como el contrabando y la evasión tributaria en materia sojera, desde que el Norte se convirtió en tierra fértil para el "yuyo maldito". Lo explica: "Hay grandes multinacionales que bajan a Tucumán, con maletines llenos de dinero -los tienen escaneados, según cuenta- para comprarles a productores que, en su gran mayoría, trabaja en negro. Y como el exportador necesita una factura, es allí cuando aparecen empresas falsas, vendiendo facturas truchas. Desmontamos varias de estas redes", relata.
La corrupción dentro de la propia administración de Justicia es otra de sus acciones fuertes. Y da un ejemplo impresionante: "Hemos tenido el caso de un juez del tribunal oral federal de Salta que fue sorprendido en conversaciones telefónicas con los narcos, que negociaban su libertad a cambio de dinero".
En el marco de una gira por Europa y Estados Unidos, que empezó la semana pasada y durará un mes, dará una serie de conferencias relacionadas con su expertise. En los próximos días, por ejemplo, hablará ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos, donde expondrá un caso de contaminación ocurrido en Abrapampa, Jujuy, donde el 82 por ciento de los chicos recibieron contaminación con plomo que deriva en graves discapacidades mentales. Habían instalado, en el medio de la ciudad, un campo de residuos de plomo. La empresa había abandonado el lugar, después de quebrar, y nadie más se había ocupado del asunto.
"Voy a utilizar el caso como prueba de la impunidad que existe en materia de contaminación en la Argentina", avisa.
-Le han hecho fama de fiscal antimegaminería, ¿compra ese rol?
-No me considero antimegaminería. No estoy en contra de la minería ni mucho menos. Estoy en contra de los delitos que se cometen en nombre de la minería, que es muy distinto, y en contra, también, de la explotación minera irracional y sin controles estatales.
Es cierto que soy un fiscal federal que trata de hacer su trabajo en materia de delitos ambientales -agrotóxicos, vinaza, residuos radiactivos- y probablemente me destaco porque, en el país de los ciegos, el tuerto es rey. No hay fiscales federales preocupados en capacitarse y avanzar en materia de delitos ambientales. Mi interés por la justicia ambiental empezó cuando me nombraron fiscal federal en Chubut. Entonces, abrí una causa penal que alcanzó mucha difusión, la de un empetrolamiento de 17.000 pingüinos, en 1991. El reclamo internacional por el daño ambiental y la ineficacia de las normas administrativas para tratar el tema me convencieron, finalmente, de que la única herramienta es el derecho penal ambiental.
-¿Qué presiones se enfrentan cuando se investigan delitos ambientales?
-Detrás de cada delito ambiental no hay ni distracción ni desidia, sino un funcionario corrupto, por lo que en Tucumán hubo algunas condenas a intendentes y a empresarios cómplices por ese delito. Perseguimos al contaminador, pero también al funcionario que le ha permitido contaminar. Hemos iniciado causas de oficio y alentamos a la gente para que participe y haga denuncias (la página para hacerlo es www.fiscaliagratucuman.gov.ar )
La realidad es que, cuando investigamos un delito ambiental, la mayor presión que recibimos es del propio Estado. Y no sólo no reclama indemnizaciones -porque, sin duda, los más afectados por la contaminación siempre son los más pobres, que se atienden en hospitales públicos-, sino que es cómplice. Y lo peor: combate a quienes investigan.
-Hace unos meses, sin embargo, el gobernador de Santiago del Estero se convirtió en querellante ante la contaminación que, al parecer, está afectando a las Termas de Río Hondo.
-Sí, Zamora se constituyó en querellante porque las termas están afectadas, entre otras cosas por el megaproyecto de Minera La Alumbrera, y puede afectar al turismo. En las termas hay metales pesados, algunos incluso radiactivos, que en las aguas generan enfermedades. No sucedió así, sin embargo, con el gobernador Alperovich (de Tucumán), que empezó con una demanda por contaminación, hasta que La Alumbrera construyó el hospital de Niños en la provincia. Sucede que el poder económico tiene la capacidad de comprar al poder político, y difícilmente ocurre al revés, por eso es mucho más difícil investigarlo y lograr condenas. El poder económico puede comprar con mucha facilidad al Poder Judicial, o puede presionar al poder político para designaciones en el poder judicial. En la juridiscción mía, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán, los jueces de primera instancia son suplentes, desginados a dedo por el oficialismo. Eso hace que no tengamos una administración de Justicia realmente independiente.
-La protesta de los vecinos y asambleístas de Andalgalá se basa en que el megaproyecto minero afecta la salud de la gente; sin embargo, la empresa que explota el yacimiento, Xstrata Copper, argumentó que no usa cianuro en la producción de oro y, además, mostró estudios realizados por médicos prestigiosos como Daniel Stamboulián, titular de Funcei, cuya conclusión es que la minera no afecta el medioambiente. ¿Qué argumentos tiene usted para sostener lo contrario?
-En materia de minería, Andalgalá es una de las ciudades mas afectadas por la cercanía de un megaproyecto minero con las consiguientes consecuencias ambientales dañinas que ello conlleva. Y además, gracias a los avances tecnológicos, ya no están aislados: cuentan con información, tanto para darla como para recibirla.
Por otro lado, le digo que sí tiran cianuro y lo dice la misma empresa en un informe de impacto ambiental, presentado en junio de 2006, cuyo análisis fue realizado por el Instituto Nacional del Agua (Ina). Esto, creo ya, da por tierra esa discusión. Además, existen estudios que revelan datos inquietantes: que la tasa de jóvenes muertos de cáncer supera la media mundial en Andalgalá. El doctor Luis Alberto Flores, del hospital zonal, realizó, junto a un grupo de especialistas, un trabajo de investigación ante el aumento de casos de niños y niñas con cáncer, y la muerte de jóvenes por esta enfermedad. Desde la radicación de la minera la Alumbrera en Catamarca hace más de 15 años, curiosamente, aparecieron distintos tipos de cáncer que afectan a gran parte de las ciudades aledañas a la explotación de la mina. Cada año, se registran cinco casos de cáncer óseo en niños en Andalgalá.
El procesamiento por contaminación contra La Alumbrera dictado por la Cámara Federal de Tucumán, en 2008, en un fallo muy valiente, puso en crisis todo el sistema de minería a cielo abierto y se realizó en base a una comunidad que presionó a los jueces por los daños físicos provocados por la contaminación (muerte de animales, plomo en sangre de los chicos, etcétera), además de la falta de agua en los valles donde se cultiva, a raíz del uso indiscriminado del agua. Luego, la Cámara de Casación Penal dictó un fallo de falta de mérito -dos votos contra uno-, declarando nulo el procedimiento. Esta causa penal lleva ya 12 años, y el 28 de marzo la presentaré ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exponerla como un claro caso de vulneración del Pacto de San José de Costa Rica.
-Por lo visto, los escollos son muchos en materia de delito ambiental, ¿pudo lograr condenas concretas?
-Claro que es posible condenarlos. Por ejemplo, a los propietarios de un sanatorio, a tres años de prisión en suspenso, por la contaminación de un basural con residuos patogénicos. Y a un intendente, cómplice de una situación de contaminación a un año de prisión. Es posible condenarlos.
-Más allá del tema ambiental, ¿qué posibilidad tiene en la Argentina un fiscal para investigar seriamente al poder?
-Ninguna. Absolutamente ninguna si es como emergente de un juramento y mandato legal. La impunidad en Argentina sólo puede ser vencida por los fiscales de dos maneras: o con apoyo del propio Estado como ocurrió con los delitos de lesa humanidad a partir de que fue incluida en la agenda política por el doctor Néstor Kirchner o cuando tiene detrás del magistrado un apoyo militante de la sociedad que lo reinvidica como objetivo propio.
-Que el poder económico compra al poder político es un buen título, pero ¿qué evidencias puede ofrecer para apoyar esa conclusión?
-Lo he advertido cada vez que me ha tocado investigar algún caso de corrupción en obra pública. Por ejemplo, y por dar sólo uno pero hay otros), el caso "Lomas de Tafí", el del Plan Argentina Trabaja, o en los mismos delitos ambientales causados en nombre de la minería. Y en este sentido siempre digo que en el mundo la manera más efectiva de ganar dinero rápido y fácil es contaminando. A más contaminación más dinero. A más dinero, mayor corrupción; a mayor corrupción más impunidad y a más impunidad más dinero. Y así en una espiral ascendente del cual las empresas multinacionales y las ecomafias italianas han tomado debida cuenta.
-La afirmación sugiere un alto grado de corrupción en la administración de la Justicia.
-El problema de la corrupción en la administración de la Justicia es muy fuerte. Un juez del tribunal oral federal de Salta fue sorprendido en conversaciones telefónicas, grabadas por el Ministerio público, negociando con narcos su libertad. El juzgado federal de Catamarca hace diez años que está vacante, no se designa. Hay un juez suplente, que tiene una vinculación de parentezco con Alicia Kirchner.
Cuando vos estudiás la corrupción, te das cuenta de que el funcionario corrupto arma un entorno, que compromete a varios para que, en el caso de ser descubierto, varios caigan con él. De ese modo, también garantiza el silencio de sus cómplices. El hombre conserva mucha información y documentación. Tenemos el 20 por ciento de los jueces y fiscales designados a dedo, sin acuerdo del Senado de la Nación; no interviene el Senado.
-¿Qué relación hay entre contaminación y pobreza?
-Directa. Los terrenos contaminados, las márgenes de los ríos como el Riachuelo o el Salí en Tucumán están poblados de villas miserias porque son espacios físicos rechazados por las clases sociales más pudientes. Es además un detonante que agrava la pobreza porque genera un sinnúmero de enfermedades propias de la contaminación que los circunda y de la que no pueden defenderse.
Proclamo que los fiscales tenemos como "clientes" a las víctimas de los delitos. Y en materia ambiental, no hay una víctima más dolorosa, ni más sufriente que los pobres. Las áreas de contaminación ambiental no son ocupados por gente de clase media o alta sino por los más pauperizados. Además, no tienen acceso a la Justicia.
-Al principio de la entrevista hablábamos de las presiones para avanzar en las investigaciones, ¿usted las recibe?
-Sí, claro, pero no me gusta hablar de ello porque en materia de administración de justicia, donde se involucra el poder económico y político en un mismo platillo de la balanza, los magistrados son muy propensos a "atender teléfonos que nunca suenan". Esta censura casi inconsciente se basa en el miedo. Y hablar de presiones es dar pábulo a ese miedo.
Mano a mano
Hace un tiempo, en el jardín de su casa tucumana, en Yerba Buena, apareció muerto su perro. Bueno, lo de "apareció muerto" quizá no sea la expresión más exacta: el perro había sido envenenado, algo que, teniendo en cuenta las causas que este fiscal ha investigado, podría hacer pensar, y de hecho lo hizo, en un mensaje mafioso, en una advertencia.
El fiscal Gustavo Gómez vive rodeado de mujeres: su esposa, de origen mapuche; tres hijas, su suegra y dos perras. Hasta su custodia es femenina. Y vive entre causas penales, presiones y reclamos ambientalistas. Por momentos, me hace acordar al ex fiscal Manual Garrido, que finalmente, maniatado, tuvo que renunciar. Aunque, entre ambos, hay una diferencia importante: el fiscal tucumano parece más desprotegido.
Sus empleados lo adoran; sus "mujeres" viven para él; para las ONG ambientalistas es casi un héroe, igual que para los indios quilmes, que viven en las zonas contaminadas; el Nobel de la Paz, que viene promoviendo la creación de un Tribunal Internacional para delitos ambientales, lo distingue (Gómez es el encargado de explorar las vías jurídicas para desarrollar esa propuesta).
Sin embargo, pienso, este hombre no puede ser perfecto. Algún lado oscuro debe tener. Se lo pregunto. "Ah, sí, tengo un problema con el ego; debo luchar contra él", confiesa. "¿Con el ego, con la necesidad de buscar reconocimiento por lo que hace?" Admite que sí.
Bueno, ahí la cosa cierra más. Perfecto no es. Pero en mi opinión, nada opaca una virtud que, por estas pampas, resulta tan necesaria: la decisión de investigar, con o sin miedo. No es poco en la Argentina. Ni en ninguna parte del mundo.
Fuente: La Nación
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Mayo de 2012
La Rioja:
Charla sobre “Delitos Ambientales
como delitos de lesa humanidad”
Charla sobre “Delitos Ambientales como delitos de lesa humanidad”
con el Dr. Antonio Gómez, Fiscal Federal de la Cámara de Apelaciones de Tucumán-Catamarca y Santiago del Estero
El viernes 4 de mayo de 2012 a las 19:30 hs.
en el Salón de la Confitería Yop´s
Chilecito - La Rioja - Argentina
El sábado 5 de mayo de 2012 a las 18:30hsEl próximo fin de semana, La Rioja contará con la presencia de uno de los defensores más importantes en el campo Jurídico sobre delitos ambientales. El Dr. Antonio Gómez, Fiscal Federal de la Cámara de Apelaciones de Tucumán-Catamarca y Santiago del Estero, visitará La Rioja para ofrecer una charla sobre “Delitos Ambientales como delitos de lesa humanidad”.
en la Biblioteca Mariano Moreno, 9 de Julio 59. Tel: 380-427501
La Rioja - Argentina
La cita con este importante referente de la defensa de los intereses del pueblo, será:
Viernes 4 Salón de la Confitería Yop´s 19:30 hs. (Chilecito)
Sábado 5 - Biblioteca Mariano Moreno a las 18.30 hs. (La Rioja)
EL FISCAL FEDERAL LLEVA ADELANTE CAUSAS PENALES POR DELITOS AMBIENTALES CAUSADOS POR LA MINERÍA, ESPECIALMENTE EN EL CASO DE MINERA LA ALUMBRERA. TAMBIÉN IMPULSÓ INVESTIGACIONES POR LOS CASOS MINEROS DE ABRA PAMPA Y MINA EL AGUILAR, EN JUJUY. ESTOS CASOS GUARDAN SIMILITUD CON LO QUE PUEDE OCURRIR EN FAMATINA Y EL QUE SE LLEVA ADELANTE CON EL PROYECTO OSISKO.
Fiscalía General de Tucumán
DATOS ÚTILES
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La denuncia de un delito es un deber, toda vez que si un ciudadano que toma conocimiento de un delito no lo hace, nadie lo hará por él y el delito quedará impune.
Cualquier vecino puede denunciar la comisión de hechos ilícitos de competencia federal, es decir de aquellos que afecten los intereses del Estado Nacional, tales como narcotráfico, estafas contra la Administración pública, delitos tributarios, contrabando, secuestros extorsivos, trata de personas, destrucción del medio ambiente, etc
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25 de abril de 2009
Entrevista al Fiscal Federal de Tucumán Antonio Gustavo Gomez
“La justicia necesita de la gente para enfrentar al poder”
-Que empezó hace mucho tiempo…
Cuando yo tenía 29 años y me nombraron fiscal federal en la provincia de Chubut, me encontré, a los pocos días de asumir, con una gran contaminación de petróleo que afectó unos 17.000 pingüinos. En esa oportunidad recuerdo que para los chubutenses, que éramos muy pocos, era normal que el petróleo afectara nuestras costas, pero vinieron muchos extranjeros ha filmar, a tomar notas y nos decían: ¿la justicia no hace nada? ¿qué pasa con la justicia? Y como escoba nueva barre bien, y yo estaba recién designado, propuse empezar una investigación. Así lanzamos la primera investigación con apoyos importantísimos de organizaciones no gubernamentales en esa época como la Sociedad Zoológica de Nueva York, como grupos ecologistas japoneses, todos del exterior. Hicimos un buen trabajo de investigación en función de prueba y error porque nada estaba escrito en el país en ese momento. De ahí en más, me comprometí a investigar a fondo los delitos ambientales. Ya han pasado más de veinte años de ese momento y debo tener más de 300 o 400 causas ambientales investigadas en mi carrera como fiscal. Hoy por hoy en San Miguel de Tucumán ya tenemos más de 120 causas de contaminación, de distinto ámbito. No es que la Argentina esté contaminada por la minería, sino por empresarios inescrupulosos que ven en el medio ambiente una manera de hacer dinero. La variable de ajuste no es, hoy por hoy, el salario del trabajador. Donde se gana dinero hoy en el mundo es en la contaminación ambiental. Si yo contamino, gano plata; si no contamino, me voy porque no gano dinero. El salario del trabajador es algo que en la fórmula econométrica no entra.
El gran problema con el que me encuentro en las investigaciones penales-ambientales es que muchas veces afectamos a un poder económico tremendo. Y es lo que pasó con Minera La Alumbrera, que es un caso paradigmático, la de una empresa de más de 1200 millones de dólares, que además utiliza un promedio de cinco millones de litros de agua por hora, que utiliza la electricidad equivalente a casi toda la provincia de Tucumán, que usa un gas directo para producir esa electricidad desde Bolivia. Tiene un poder económico tremendo y encarar una investigación por contaminación a esta empresa, ha sido para mí el culmen de una carrera de fiscal. Yo me siento tremendamente orgulloso de participar en un equipo porque ese no fue un trabajo mío. Siempre me identifican con ese caso pero en realidad hay fiscales, jueces de cámara y sobretodo, hay un pueblo muy comprometido que fue a ver a los jueces, a decirles cómo sufrían la contaminación. Todo eso para nosotros ha sido muy gratificante y eso te da fuerza para seguir. Creo que fue un punto de inflexión. Esperamos que a Minera La Alumbrera, que es una empresa que contamina y que hace mucho daño al medioambiente tucumano, santiagueño, cordobés porque llega hasta Mar Chiquita, podamos hacerle el juicio oral y público en lo que resta del año, para poner un punto de inflexión en lo que tiene que ser la contaminación en la Argentina.
-El juicio oral y público ¿sería este año?
Vamos a ver, estamos en eso. Esperamos que sí porque depende de que la Cámara Nacional de Casación Penal, donde recurrió Rooney, confirme el trabajo nuestro.
-La causa duró muchos años…
Sí, la causa arrancó en el año 98. Eso es el emblema de cómo el poder económico y el poder político boicotean un trabajo de investigación. En 1998, Juan González, el Secretario de Medio Ambiente de la provincia de Tucumán, denuncia a Minera La Alumbrera por contaminación. La causa duerme hasta el año 2002, cuando dos jubilados santiagueños que estaban tomando sol y viendo pasar el tren de La Alumbrera, recogen muestras de algo que caía y se dan cuenta que era más que cobre, que es lo que se decía que se exportaba. Había otros minerales importantes. Informan en ese momento al presidente Duhalde, quien me manda la denuncia y empezamos una nueva etapa en la investigación contra Minera La Alumbrera. En todo momento estuvo presente la gente, el ciudadano de a pie, acercándonos pruebas, dándonos información, transmitiéndonos contactos, con mucho miedo al principio. Enfrentarse al poder político y económico no es fácil en las provincias del norte. Escuchábamos hoy a las chicas de La Rioja decir cómo les quitan los planes sociales, cómo los persiguen en el trabajo. Es muy complicado. Pero en Tucumán creo que se dio una lección de independencia, en donde la gente pidió a los magistrados, a los que estamos del otro lado del mostrador, que hagan justicia. Ver un paisano de sombrero de ala ancha entrevistar a un juez, con sus palabras sencillas, diciéndole todo el daño que le había hecho Minera La Alumbrera a él y a sus chivitos, es algo que no pueden, de ninguna manera, ignorar los jueces. Es algo que te toca el corazón, es algo que está fuera del expediente y que resulta crucial. Por eso mi llamado en esta reunión de San Juan y mi llamado desde hace muchos años es: Señores, la justicia es demasiado importante para dejarla en manos de los abogados. La justicia necesita de la gente para enfrentar al poder, porque solos es imposible.
-¿Qué desafíos tiene la justicia de aquí en más, frente a la avanzada de las empresas y nuevos proyectos que se pueden llevar a cabo?
Me parece que en general en el país tenemos una gran deuda con la sociedad. Y fundamentalmente nuestro poder judicial está atravesado por una corrupción estructural y por una corrupción personal. Entonces creo que tenemos que cambiar el paradigma de justicia. Los fiscales tenemos que hacer más prevención del delito y no tanta represión del delito, somos los defensores de la víctima, no somos imparciales. Tenemos que tener en claro que jugamos nuestro rol a favor de las víctimas. Los jueces no pueden decidir sus casos en campanitas de cristal, como se proclama: “No, no hay que molestar a los jueces”. Cualquier abogado de fuste, las universidades, los profesionales de las distintas facultades, dicen: hay que dejar a los jueces que decidan. Los viejos abogados nos vienen enseñando esto. Yo digo No, porque los jueces son directa o indirectamente molestados por el poder económico y el poder político. Y cuando inclinan la balanza a favor de ellos, yo tengo que sentar en el otro platillo a la gente. Los jueces necesitan ser entrevistados, necesitan sentir que hay un pueblo que les exige administración de justicia. La gente tiene que tocar el timbre en la puerta correcta. Cuando se exige justicia, no hay que hacerlo en el obelisco, hay que hacerlo en la puerta de la casa del juez que tiene esa causa en concreto y que mira para otro lado.
-Considerando que todo el mundo habla mal de la justicia porque durante siglos no ha funcionado bien, ¿te sentís raro habiendo logrado lo que lograste?
Te soy muy sincero, me siento decepcionado, porque no he podido hacer más, porque muchas veces yo también he tenido que callar cosas en pro de otras y porque no veo un cambio en nuestras autoridades, y no solamente las políticas sino también las judiciales. Por eso yo vengo mucho a la UAC y a los encuentros de organizaciones, porque mi esperanza es que se genere un cambio desde ahí. Porque desde la universidad no viene el cambio. En la Universidad Nacional de Tucumán le dan el doctorado Honoris Causa al presidente de la Corte Suprema, Dr. Lorenzetti y al Dr. Zaffaroni. Ahora Lorenzetti y Zaffaroni ¿no saben que Minera La Alumbrera le paga a la Universidad de Tucumán 80 millones de pesos por su labor de apoyo? Este es dinero que se gana con la salud de los santiagueños, de los tucumanos. Estas son las cosas que a mí me decepcionan, me desilusionan, porque son profesores que yo miraba, en mi época de facultad, como si estuvieran en el quinto cielo y hoy observo que en realidad no hacen nada por el cambio. Han llegado a la corte prometiendo un cambio y otra vez nos estamos encerrando en la nada.
-¿Cómo relacionas esta desilusión con la ilusión que se produce frente a las movilizaciones, la organización y las acciones de los colectivos que luchan?
A mí me parece que hay un eje central en la Argentina que es transversal a todos. Hoy por hoy, sea por la razón que sea, la mayoría de los ciudadanos de este país es víctima de un delito, sea violento, o contra la propiedad, o contra el medioambiente. Todos somos víctimas de algún tipo de delito y el poder judicial, el Ministerio Público Fiscal, el poder político, están mirando para un costado. Por eso hay reacciones viscerales de la gente, como apalear a un fiscal, como hemos visto por televisión. Me parece que ahí está el gran problema. Es como si fuera una gran capa de aceite que sumerge a la totalidad de los ciudadanos que cada tanto explota por alguna situación. Pero no más que eso, una explosión visceral. A mí me parece que hay que organizar. Por eso me parece fantástico cuando las organizaciones planean algo. Pero también me parece que tenemos que tener mucho cuidado de no mezclar dentro del discurso político el discurso por una administración de justicia mejor. La administración de justicia parte del discurso político, pero si vos la mezclas con el discurso político partidario, es refractario a la gran mayoría de la sociedad. Entonces hay que organizarse para convencer a la gente de que es posible una administración de justicia mejor, y no encuentro en todo el país ninguna organización no gubernamental que mire y esté comprometida con la organización de justicia, que no sea genuflexa al poder judicial. Todas las organizaciones que están en Buenos Aires que dicen estar estudiando cómo vamos a mejorar el sistema de administración de justicia parten de una base equivocada y es que el pueblo no tiene que meterse en esto. Un fiscal norteamericano me dijo: ¿saben cuál es el gran problema de los científicos del derecho en la Argentina? Que son muy soberbios jurídicamente. Cuando escucho al Dr. Zaffaroni decir que él no quiere el juicio por jurados porque no le puede explicar a un jurado lo que él aprendió en tres años de carrera universitaria, me suena a eso. La gente cuando juzga un hecho no necesita derecho, necesita sentido común, necesita saber objetivamente si ese hecho se produjo o no se produjo. Por eso el juicio por jurados es fundamental en la Argentina. Nuestra constitución lo reconoce en el siglo XIX; nuestros pensadores del siglo XIX lo confirmaron y lo impusieron en nuestra constitución porque era la única salida para el equilibrio del poder. Y el poder miró para un costado, relevó el juicio por jurados y aún en el día de hoy el poder económico y el poder político se niegan a aceptar el juicio por jurados con las excusas más estúpidas, como que la gente no puede pensar en materia de derecho penal. La realidad demuestra lo contrario, como en el caso Tejerina. A esa chica de Jujuy la condenaron porque en un rapto de demencia mata a su criatura recién nacida, producto de una violación. ¿Quién la condena? Los técnicos jurídicos que salen de las universidades que tienen el concepto que nos mandan de Alemania, desde España, pero pierden realidad cuando van a Jujuy. El mismo caso se dio en Córdoba donde hay juicio por jurados, donde hay seis integrantes que son populares, ciudadanos comunes y tres que son abogados. El caso se resuelve por mayoría y la absuelven. ¿Por qué la absuelven a esa Tejerina cordobesa? Porque los seis del jurado popular votaron por la absolución y los otros tres votaron por la condena. Esa es la muestra más evidente que la administración de justicia en la Argentina es posible, nos falta hacer el cambio en las universidades. Es una de las razones por las cuales no doy clase en la universidad, porque me siento traicionado por esos profesores de derecho que tanta plata ganan con sus libros y que en realidad no bajan a la realidad social, no toman contacto con la gente.
-A pesar de la decepción, de sentirte traicionado, no vas a abandonar el derecho, no?
No, por supuesto que no. ¿Saben cuál es el otro problema del derecho? El derecho como ciencia jurídica es tomado por la mayoría de los científicos como objeto y ese es un error. El derecho es un instrumento para hacer justicia. De hecho estamos sumándonos para hacer una red de fiscales ambientales de América, estoy viajando a Recifes ahora. Estuve tratando de sumar a los fiscales sanjuaninos, estuve reunido con ellos y se han encontrado muy entusiasmados porque ellos también están muy solos aquí. Gracias a Pérez Esquivel, queremos que los fiscales americanos sean el brazo armado de la Corte Internacional Penal sobre Medioambiente que se va a crear en Venecia. No estoy pensando en bajar los brazos ni mucho menos. Pueden pedir mi destitución, puede que me echen, puede que mis palabras no les agraden, pero cuanto más me pegan más salto. Lo que sí es cierto es que a veces entro en un discurso demasiado cerrado porque mis colegas no entienden la necesidad del cambio. Cuando digo mis colegas me refiero a los científicos que están en las universidades que hacen el gran congreso internacional del medioambiente al que van muchas personas que escribieron grandes libros, pero cuando les llevás la gente y les preguntas qué hacemos con ellos, no saben qué hacer.
-¿Cómo ves este espacio de la UAC en relación a cómo se van organizando las asamblea, cómo van articulando y cómo llevan adelante acciones?
Hace muchos años que estoy viniendo a la UAC y a mí lo que me cuesta, porque pertenezco a una estructura piramidal, muy vertical, es sacar algo en concreto después de tantas horas de discusión. Pero me amoldo a eso. Por ejemplo, yo soy enemigo de hacer un corte de ruta, porque nos ponen como victimarios en lugar de ser víctimas. En la UAC discuto eso, más de una vez me chiflan y me dicen que los estoy desmovilizando. Pero participo en eso porque necesito retroalimentarme. Ellos creen que lo que yo les vengo a explicar les puede servir como instrumento y puede ser que sí, pero en realidad yo me alimento de ellos, no me pierdo ninguna UAC. Por ejemplo, venir hoy a San Juan exigió que tomara días de mis vacaciones porque no me permiten venir a este tipo de reuniones. En Tucumán, tenemos un movimiento asambleario muy interesante que es la ASANOA, a la que un juez de la Cámara Federal de Tucumán le inició un juicio penal, la denunció por extorsión, porque no toleró que le reclamaran justicia en la puerta del tribunal.
Estamos en una gravísima deuda. Yo siento que tengo ese instrumento para darle al ciudadano argentino una respuesta para vencer esta ola de inseguridad y de problemas que nos rodean, pero también siento que los únicos lugares donde se me escucha, son estos espacios. Entonces, ¿cómo no estar agradecido con la gente?
Entrevista realizada por Martín Vidal y Patricia Agosto*, en el marco del IX encuentro de la UAC
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Intervención del fiscal federal Antonio Gustavo Gómez en la Conferencia de prensa de apertura del Foro “PROTECCIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL ECOSISTEMA ANDINO”
Impunidad
Mi preocupación mayor como la de cualquier argentino es la impunidad. No podemos hablar de que se respeten nuestros derechos cuando los fallos de la propia Corte Suprema de la Nación no se cumplen. En el caso de la contaminación del Riachuelo, la Corte Suprema estableció un orden muy preciso de medidas a tomar para descontaminar el Riachuelo y hasta hoy no se ha impartido ninguna. El problema central es la impunidad. Creo que la única manera de parar a los delincuentes es con la cárcel, a los delincuentes ambientales hay que meterlos presos. Se pueda hacer o no, es una decisión de los jueces y fiscales de cada lugar del país. En Tucumán, por decisión de la Cámara Federal y de los fiscales federales, yo soy uno de todos ellos, hemos procesado por contaminar el medio ambiente con residuos provocados por Minera La Alumbrera al Vicepresidente Julián Rooney. Cometió delito previsto en el artículo 55 de la ley 24.151. Hay una ley que prevé delitos ambientales y entre ellos los que se cometen desde la minería. Son palmarios, claros, no hace falta hacer ninguna prueba química porque ellos mismos lo confiesan en los informes de impacto ambiental. Para procesar a Rooney no hizo falta hacer ningún análisis de agua para saber que estaba contaminando, porque los índices de contaminación estaban en el propio informe de impacto ambiental de la empresa.
La administración de justicia, y más que nunca en San Juan, es demasiado importante para dejarla solamente en manos de los abogados, si el pueblo no participa no hay justicia.
Fotos: Martín Vidal*
Ver artículo sobre el 9º Encuentro de la UAC: http://www.panuelosenrebeldia.com.ar/index.php?option=content&task=view&id=769
Entrevista a Lucio Cuenca, OLCA - Chile. http://www.panuelosenrebeldia.com.ar/index.php?option=content&task=view&id=776
Intervención de Carlos Seara, geólogo de Córdoba. http://www.panuelosenrebeldia.com.ar/index.php?option=content&task=view&id=796
*Integrantes del Equipo de Educación Popular Pañuelos en
Rebeldía y de Centro de Investigación y Formación
de Movimientos Sociales Latinoamericanos
