Sábado 19 de mayo de 2012
Indígenas son reprimidos en el proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco,
Martinelli favorece empresa acusada de asesinatos en Honduras
Por FRENADESO
Declaraciones del compañero Celio Guerra
En Tabasará indígenas fueron reprimidos por unidades antimotines de la Policía Nacional. El señor Juan Mendoza resultó herido.
Los indígenas protestan contra este proyecto que afecta a numerosas comunidades.
La empresa GENISA, de origen hondureño, es favorecida así por el Gobierno de Ricardo Martinelli en contra del sentir despueblo Ngäbe Buglé.
Socios de GENISA, de acuerdo a informes, son acusados de asesinato de trabajadores en un proyecto de palma aceitera en Honduras y estuvo involucrada en el Golpe de Estado de Micheletti contra el Presidente Constitucional Manuel Zelaya.
Tenemos declaraciones del compañero Celio Guerra, Presidente del Congreso General Tradicional del Pueblo Ngäbe Buklé.
Nota:
En medio de un paro de personal administrativo y médico contra la privatización y el desgreño administrativo de la CSS y protestas de los pescadores que están en la mira de la expropiación de sus tierras, la Unión Europea anuncia que Panamá tiene índices demasiado altos para recibir ‘ayuda’ económica de esa entidad política en peligro de extinción. Lo que no dice la información sobre la posición de los europeos, es que esos mismos bancos del ‘viejo mundo’ están financiando numerosas actividades en Panamá, destinadas a destruir los pocos bosques húmedos que quedan en el Istmo.
Según una información difundida por los medios de comunicación, ‘dos bancos europeos, uno alemán y el otro holandés, se unen al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para financiar una obra hidroeléctrica en tierras comarcales de los pueblos Ngäbe-Buglé. Grandes intereses económicos pretenden inundar una parte de la misma para generar la llamada energía ‘limpia’.’. El proyecto es el mismo que generó un conflicto que le costó la vida a dos jóvenes víctimas de la represión policial en febrero de 2012. Los ngäbes, afectados por la construcción del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, se oponen a la construcción de hidroeléctricas en su comarca y en las áreas anexas.
La red internacional ambientalista Salva la Selva ha iniciado una protesta internacional, exigiendo que se retire la financiación alemana al proyecto. Según la red, los otros bancos deben retirarse también. El bosque húmedo de los ngäbes alberga una gran biodiversidad. La sierra del Tabasará, en provincia de Chiriquí, es un paraíso para anfibios y reptiles, entre ellos muchos que sólo se encuentran en este lugar y que están amenazados de extinción. Entre ellos, la rana azul del Tabasará, que sólo vive en las orillas del río que quedarán inundadas por el embalse. El territorio ngäbe está reconocido legalmente por el gobierno de Panamá como propiedad colectiva. Los indígenas no han dado su consentimiento para el proyecto hidroeléctrico. Al menos dos muertos y más de un centenar de heridos y detenidos y otros abusos fueron el triste saldo de las manifestaciones de febrero 2012 en contra de los proyectos hidroeléctricos y mineros en la Comarca Ngäbe-Buglé.
El proyecto Barro Blanco, es muy cuestionado por corrupción en Panamá. El estudio de impacto ambiental (EIA) original nunca se consultó con la población. Tras la concesión, sus responsables decidieron unilateralmente aumentar el tamaño del embalse, sin realizar las consultas pertinentes ni un nuevo EIA, como requiere la Ley. El costo de la obra es de 120 millones de dólares. Tres bancos de ‘desarrollo’ han aprobado 25 millones de dólares para financiar el proyecto: el Deutsche Investitions - und Entwicklungsgesellschaft GmbH (DEG), el Netherlands Development Finance Company (FMO) y el BCIE. Tanto los bancos como la empresa GENISA se amparan en un cuestionado estudio de impacto ambiental, donde los conflictos y la población afectada son apenas mencionados. Además, se justifican esgrimiendo múltiples ‘estándares’ sin sentido ni significado alguno para los pueblos indígenas. Raúl Moreira, presidente del Colegio de Economistas de Panamá, señala ‘la existencia de una mayor oferta (de energía eléctrica) en relación con la demanda’. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), elaborado en 2008, determinó que el 98% del agua que corre por un solo río, el Chiriquí Viejo, fue concesionada para el uso de hidroeléctricas, quedando sólo el 2% libre para otros usos.
Aún así la constructora GENISA, propiedad de un grupo económico hondureño (que la compró a la empresa especuladora de los socios panameños Virzi y Btesh), construye una hidroeléctrica de 28MW en el valle del río Tabasará. Todos los involucrados en el proyecto —empresa constructora, gobierno, autoridades locales— han sido severamente cuestionados. También la ONU y el esquema de compensación de carbono, con el argumento de que la energía obtenida será ‘sostenible’ y ‘limpia’. Nada más lejos de la realidad. ‘La población indígena y campesina se enfrenta al desarraigo y a la pérdida de sus bienes y su sustento, ya sea directamente por la inundación o por los llamados proyectos de reforestación de la empresa constructora. Estos proyectos consisten básicamente en talar árboles que se encuentran en las márgenes del río y replantar en las faldas de las laderas especies no nativas de teca y otras maderas comerciales. Los indígenas serán desplazados de hecho, ya que serán expropiados’, denunció el ambientalista Oscar Sogandares.
Salva la Selva ha iniciado una protesta online dirigida al banco alemán DEG. Más de 20,000 personas ya se han unido a la protesta con su firma, exigiendo que retiren la financiación al proyecto. Los bancos alemanes son los mismos que financiaron los años ‘gloriosos’ de la periferia europea. Ahora quieren que los pueblos afectados les paguen y exigen que se eliminen puestos de trabajo, seguridad social, educación y servicios de salud en Grecia, Portugal, Irlanda y otros países. Son los programas de austeridad que han sido rechazados por los afectados. No cabe duda que Panamá está en la lista de estos bancos alemanes, cuya avaricia no se detiene ante cualquier negocio. (Marcos Gandasegui)
Fuente: Honduras Tierra Libre
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17 de Febrero de 2012
Minería y energía hidráulica: El tesoro Ngobe y el río Tabasará
El diálogo es una herramienta política que utilizan los que tienen el poder cuando no pueden imponerse por la fuerza. El diálogo también es un arma para imponerse al más débil mediante el engaño.
El pueblo panameño conoce muy bien estas tácticas.
Por Marco A. Gandásegui, h.*
En San Lorenzo, cuando la Coordinadora por la Protección de los Recursos Naturales y los Derechos del Pueblo Ngobe Buglé y Campesino aceptó ir al diálogo con los representantes del presidente Ricardo Martinelli, muchos pronosticaron una encerrona que daría al traste con las justas aspiraciones de los pueblos indígenas.
Un aire de esperanza surgió cuando se escucharon las palabras de la cacique general, Silvia Carrera, quien en forma muy clara señaló que el diálogo tendría como base única la prohibición de la explotación de los recursos
hídricos y metálicos (cobre) en la comarca Ngobe-Buglé. Durante las negociaciones celebradas en la Asamblea de Diputados, la delegación se mantuvo firme e insistió en que las actividades que destruían el ambiente –especialmente los cursos de agua– no podían realizarse en la comarca. El gobierno asumió –como era de esperarse– los intereses de los empresarios rentistas panameños quienes consideran que el agua y las riquezas naturales son mercancías que deben venderse al mejor postor.
Igualmente, la Comisión de Comercio de la Asamblea de Diputados insistió en que el país se hundiría si le prohibían a los inversionistas acceso a los recursos hídricos.
Tanto gobierno como los diputados –quienes actuaron en mancuerna– no presentaron información técnica que justificara la entrega de la riqueza nacional. Los funcionarios que llegaron al Salón Azul de la Asamblea repitieron cifras ajenas al problema que se discutía. En momento alguno se refirieron a la demanda actual de energía hidráulica y/o térmica, y los pronósticos para el futuro. Evitaron introducir al debate problemas de costos a corto y mediano plazos.
Los representantes indígenas no tuvieron que rechazar los planteamientos del gobierno o de sus especialistas. La posición de los Ngobe y Buglé siguió sólida: la construcción y explotación de las represas no justifica la destrucción de los pueblos Ngobe y Buglé. Los funcionarios de las entidades gubernamentales no pudieron demostrar lo contrario.
Incluso, la Universidad de Panamá perdió una oportunidad dorada en esa coyuntura en la que pudo invitar a sus propios investigadores para que hicieran sus propuestas independientes.
A esta altura del diálogo, los asesores del presidente Martinelli cambiaron de táctica. Descubrieron que no convencerían a los delegados Ngobes con más espejitos. Plantearon, por un lado, crear una subcomisión y dos sub-subcomisiones para dividir a los Ngobe. La movida no dio los resultados esperados. Por el otro, el presidente Martinelli anunció que convocaría a un “referéndum” que acabaría con el diálogo y llevaría la “guerra social” a otro nivel.
El referéndum, según los asesores del primer mandatario, puede garantizar la victoria de los inversionistas. Otros presidentes en el pasado reciente han jugado esa carta y perdido. Sin embargo, el gobierno actual cree tener dos ases en la manga: Por un lado, han aprendido de las derrotas del pasado y, por el otro, mucha más plata para gastar en una campaña desgastadora. Según los medios, la cacique Carrera calificó la propuesta del presidente como “irresponsable”
El ministro de Gobierno, Jorge R. Fábrega, dijo que el referéndum obedece a que hay otros sectores (empresarios rentistas y trasnacionales del cobre) preocupados. Pareciera que el gobierno creía que la negociación con los Ngobes consistiría en ponerle un precio a sus tierras. El ministro Fábrega también se olvidó la letra de la Constitución Política que dice, en el artículo 127, que “el Estado garantiza a las comunidades indígenas la reserva de las tierras necesarias y la propiedad colectiva de las mismas”.
Según el abogado Miguel A. Bernal, “al defender la propiedad colectiva de la tierra, las poblaciones indígenas no solo están defendiendo un derecho adquirido, están haciendo respetar la Constitución”.
El economista Juan Jované, invitado por la Coordinadora, aseguró en el Diálogo que las proyecciones de generación y demanda presentadas por la Secretaría de Energía omitieron pruebas y se utilizó un margen de error que es inaceptable. Además, nunca dijeron con qué métodos calcularon los costos ecológicos. Nos preocupa, dijo Jované, que “están tomando decisiones y alarmando a la población con estudios sin calidad”. Agregó que "si se trata de llenar el país de minería a cielo abierto se necesita mucha energía".
Pero ¿no es el gobierno el que insiste en que no habrá explotación minera? La relación entre minería (Cerro Colorado) y energía hídrica puede explicar la concesión de 17 proyectos en la Comarca y sus alrededores desde julio de 2009. Todos los permisos que ha dado la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) bajo el mandato de Martinelli han sido en la provincia de Chiriquí.
Sólo en el río Chiriquí Viejo, de 70 kms de longitud, funcionan ocho compañías hidroeléctricas. ¿Se pretende hacer lo mismo en el rio Tabasará, donde los empresarios Virzi y Btesh tienen la concesión para la explotación hídrica? Cerro Colorado, con un potencial minero de 250 mil millones dólares, se levanta precisamente sobre el río Tabasará que se convertiría en el motor para explotar sus entrañas de cobre.
* Marco A. Gandásegui, hijo, es docente de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) Justo Arosemena - marcoagandasegui11.blogspot.com
Fuente: Agencia Latinoamericana de Información- alainet.org -
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5 de Febrero de 2012
Policías del gobierno Martinelli, reprimen violentamente
al Pueblo Ngäbe-Buglé en Panamá
http://clavero.derechosindigenas.org/wp-content/uploads/2012/02/KUNAComunicacion.pdf
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